Ecuador avanza hacia el socialismo del siglo XXI con su nueva
Constitución
La
Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó la nueva Constitución del país, uno de
los pilares del Gobierno para concretar la «revolución ciudadana» que impulsa
el presidente, Rafael Correa, desde que accediera al poder en enero de 2007, y
que será sometida a referéndum en setiembre. El proyecto incluye reformas a los
poderes del Estado, el manejo de la economía y la reelección presidencial,
entre otras cuestiones.
Calificada por unos como «progresista,
transformadora y de las más democráticas que existen» y por otros de
«dictatorial, totalitaria, mediocre y hecha a la medida de Correa», el proyecto
de nueva Constitución para Ecuador fue aprobado definitivamente en la madrugada
de ayer (hora de Euskal Herria) por la Asamblea Constituyente. El texto, que
fue avalado por 94 de los 126 asambleístas presentes en la sesión tras ocho
meses de trabajo, será sometido a referéndum el 28 de setiembre.
El movimiento oficialista Acuerdo País, que
controlaba la Cámara con 80 de sus 130 miembros, se anotó así otro triunfo en
su objetivo de cambiar la estructura institucional del país, en el marco de la
«revolución ciudadana» que impulsan el presidente, Rafael Correa, para «sepultar
el neoliberalismo» y poner fin a una década de crisis política.
Los asambleístas centristas y de izquierdas, afines
al Gobierno, agitaron con vehemencia banderas tras la votación, que se prolongó
unas diez horas, mientras la oposición de derechas gritaba «no, no, no» para
expresar su rechazo a la nueva Carta Magna, la vigésima del país. Sus voces
fueron aplacadas por los gritos de «sí, sí, sí» de la mayoría hasta que los
opositores, resignados con la derrota, abandonaron la sala del pleno.
Quienes lo apoyan consideran que es «un golpe al
neoliberalismo», ya que prohíbe las privatizaciones, la congelación de
depósitos bancarios, da la posibi- lidad de impugnar las deudas consideradas
legítimas y democratiza el crédito.
Destacan su defensa de la soberanía del país, al no
permitir la instalación de bases militares extranjeras, y de la soberanía
alimentaria, al prohibir la privatización del agua, el latifundio y la
concentración de tierras en pocas manos, así como las semillas genéticamete
modificadas, con excepción de algunos granos autorizados por el presidente. Y
resaltan su carácter «altamente democrático», porque faculta a éste a llamar a
consulta popular en diferentes cuestiones y crea un control social desde el
ámbito de los sectores populares sobre las instituciones, donde la oposición ve
un riesgo de manipulación. Aseguran que la nueva Carta Magna garantizará que en
el país «se construya un sistema de derechos» y permitirá la «recuperación de
la dignidad» de grupos sociales excluidos en el pasado.
Sus detractores, por contra, hablan de una
«propuesta estatista para concentrar poder» y de una vía al
«hiperpresidencialismo». Y consideran que es «dictatorial» y «totalitaria»,
porque permite que «todos los poderes se concentren en el Ejecutivo» y porque
«lesiona» el derecho a la propiedad privada, y que politiza el sistema
judicial.
444 artículos
A diferencia de la Constitución de 1998, la nueva
propuesta constitucional, que consta de 444 artículos, incluye cambios clave al
regular la economía sustituyendo el sistema económico de «mercado» por uno
«social y solidario», que busca promover la distribución equitativa de los
beneficios, y amplía las formas de economía, que podrá ser pública, privada,
mixta, cooperativa, asociativa, comunitaria y familiar.
El nuevo texto perfila que el Estado tendrá más
control y participación en sectores estratégicos como el petróleo, las minas,
las telecomunicaciones y el agua; limita y regula los monopolios y oligopolios
en el sector privado, y autoriza la expropiación de bienes en caso de utilidad
pública o interés social y de tierras no productivas para redistribuirlas entre
la población. También crea el concepto de «ilegitimidad» e «ilegalidad» para la
deuda externa y establece que la política exterior tendrá como prioridad los procesos
de integración regional.
Además, posibilita la reelección presidencial
inmediata una sola vez y otorga nuevas competencias al Ejecutivo al facultar al
presidente para disolver la Asamblea Nacional (el actual Congreso) y convocar
elecciones generales. La política monetaria, crediticia y cambiaria pasarán a
ser facultad exclusiva del presidente y se ejecutará a través del Banco
Central, que perderá su autonomía. Asimismo, mantiene el sistema unicameral,
aunque aumenta el número de legisladores, y crea una corte constitucional
independiente de otros poderes del Estado.
Recoge que cuando dos o más provincias con
continuidad territorial, superficie regional mayor a 20.000 km cuadrados y un
número de habitantes que supere el 5% de la población ecuatoriana formarán
regiones autónomas.
En el ámbito laboral, elimina la intermediación
laboral y la tercerización, así como el trabajo por horas u otro que afecte a
los derechos de los trabajadores.
Un paso decisivo para lograr la
segunda y definitiva independencia
En un acto solemne celebrado ayer en la sede de la
Asamblea Constituyente, en Montecristi, el presidente de este órgano, Fernando
Cordero, entregó el proyecto de nueva Constituciónal presidente del Tribunal
Supremo Electoral, Jorge Acosta, que deberá poner el marcha el proceso de la
consulta del 28 de setiembre.
Durante el acto, el presidente de la República,
Rafael Correa, manifestó que la nueva Constitución fue realizada de forma colectiva
como un «acta de nacimiento de la Patria Nueva, altiva, soberana, solidaria y
equitativa» y resaltó que se trata de un paso decisivo para lograr la segunda y
definitiva independencia.
Correa se refirió al texto -en el que reconoció que
«se han filtrado errores»- como un acuerdo nacional y transparente que
representa los «anhelos de millones de ciudadanos», sobre todo de los que han
sido marginados hasta ahora, que va a permitir «superar el remedo de
democracia» que ha vivido Ecuador en el pasado. Acusó a la oposición de
intentar «boicotear» el proceso de cambio que está llevando adelante su
Gobierno y tuvo también críticas para lo que calificó de «infantilismo de
izquierda» y ecologismo e indigenismo «infantiles».
Rebatió las críticas de los detractores de la nueva
Constitución e invitó a los niños y jóvenes presentes a revisar el texto y
demandarlo si encuentran «una sola coma» en beneficio de cualquier grupo
político.
«Sí y mil veces sí», apostilló Correa, que aseguró
que la nueva Constitución promueve la «democracia real».
Cordero, por su parte, afirmó que «ésta es una
Constitución hecha para cambiar la historia de nuestro país. Hoy terminó el
pasado, hoy empieza el Ecuador del futuro», remarcó. GARA
Cronología
15 enero 2007
Al asumir la Presidencia, Rafael Correa convoca a
un referéndum para que la población decida sobre la instalación de una Asamblea
Constituyente de plenos poderes.
7 marzo 2007
El Tribunal Supremo Electoral destituye a 57
diputados de la oposición, por interferir en la organización de la consulta
para definir la integración de la Asamblea.
15 abril 2007
El referéndum logra el respaldo del 81,72% de los
votantes.
30 setiembre 2007
El grupo Acuerdo País, promovido por el movimiento
Alianza País, logra 80 de los 130 escaños de la Asamblea.
29 noviembre 2007
La Asamblea Constituyente se instala en Montecristi
y asume plenos poderes. Elige como presidente al oficialista Alberto Acosta,
cesa en funciones al Parlamento y ratifica a Correa en el cargo.
20 marzo 2008
La Asamblea decide extender su labor por 60 días,
amparada en su estatuto.
23 de junio 2008
Renuncia Alberto Acosta a la Presidencia de la
Asamblea Constituyente.
25 junio 2008
Fernando Cordero, correligionario de Correa, asume
la Presidencia de la Constituyente.
5 julio 2008
La Asamblea aprueba la reelección inmediata del
presidente de la República por una sola vez.
15 julio 2008
El Tribunal Supremo Electoral anuncia el 28 de
setiembre como fecha para la realización del referendo para aprobar o rechazar
la Carta Magna.
19 julio 2008
La Asamblea aprueba la redacción del proyecto de
nueva Carta Magna con 444 artículos.
24 julio 2008
La Constituyente vota el proyecto, con algunos
añadidos realizados en una sesión previa en la que haciendo uso de sus poderes
especiales aprobó cambios institucionales.
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